El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Ceuta el pasado mes de marzo. Allí se comprometió a desplegar "una política de Estado" que garantizara "un futuro de progreso y oportunidades" para la ciudad. "Melilla es una cuestión de Estado", dijo el mismo día en su viaje a la otra localidad. Nueve meses después, el Ejecutivo está cumpliendo. En las últimas semanas ha dado luz verde a una serie de inversiones para ambas ciudades autónomas mientras sigue desarrollando la recomposición de la relación con Marruecos y el Congreso amenaza con poner en la diana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el trágico fallecimiento de al menos 23 migrantes en un salto masivo a la valla de Melilla el pasado verano.
Así las cosas, el Ejecutivo ha aprobado temas relacionados con las dos ciudades autónomas en más de la mitad de los Consejos de Ministros celebrados desde septiembre. De nueve reuniones, en cinco se han aprobado inversiones. De entre todas ellas destacan los planes integrales de desarrollo económico que supondrán una inversión de 711 millones de euros -más de 356 para Melilla y otros 354 para Ceuta- y que recibieron el visto bueno del presidente el pasado 18 de octubre. Para poner en contexto la relevancia de la cifra, en el proyecto de Presupuestos para 2023, el Gobierno prevé invertir 45 millones en la primera y otros 34 millones en la segunda.
Estos planes de inversión, que se desarrollarán hasta 2026 y que serán ejecutados por oficinas de gestión constituidas ad hoc, "representan una clara apuesta por el desarrollo económico y la cohesión social y territorial" con el objetivo de "garantizar un horizonte de oportunidades a las generaciones presentes y futuras de las dos ciudades", según el Gobierno. Entre las acciones previstas está la recalificación de terrenos que pertenecen al Ministerio de Defensa y en los que se albergarán nuevos desarrollos urbanísticos y promociones de vivienda asequible. También hay promesas más abstractas como el impulso a la Formación Profesional, al turismo y al sistema sanitario.
Con todo, no son las únicas inversiones que se han aprobado para Ceuta y Melilla. El 20 de septiembre, el Consejo de Ministros dio luz verde a un real decreto para conceder una subvención de 4,5 millones de euros a cada una de las ciudades para la atención a menores migrantes no acompañados. Según el registro del Ministerio del Interior, hasta el 31 de diciembre de 2021 habían llegado 921 menores a Ceuta y otros 441 a Melilla, "lo que supone un gran esfuerzo económico" para ambas ciudades que ahora se pretende suplir desde el Ejecutivo.
Entre todas las singularidades que marcan la cotidianeidad de Ceuta y Melilla destaca la fuerte presión migratoria que sufren. Es aquí cuando entra el segundo punto de la ecuación: la relación de España con Marruecos, que se encuentra en plena recomposición tras unos meses con una gran tensión diplomática. La acogida en un hospital de Logroño para tratar a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y enemigo declarado de Marruecos, distanció a ambos países en la primavera de 2021. Tras conocerse la noticia, unas 8.000 personas, muchas de ellas menores, cruzaron la frontera con Ceuta en apenas 48 horas.
Diez meses después, Moncloa arregló la situación: España abandonó su neutralidad en lo referido al conflicto del Sáhara Occidental y apostó por la propuesta de autonomía de Rabat "como la base más seria, realista y creíble". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, certificó el giro con un viaje a Marruecos para reunirse con el rey Mohamed VI, con quien pactó una nueva hoja de ruta para la colaboración entre ambos países, que incluía la reapertura de las fronteras y un mayor control migratorio que está dando sus frutos.
Con todo, esto no ha provocado que Ceuta y Melilla hayan salido del foco, puesto que su españolidad se ha puesto en duda -nunca por el Gobierno- desde diferentes flancos. Desde la exministra de Trabajo de José Luis Rodríguez Zapatero, María Antonia Trujillo, hasta el propio país marroquí, que hace menos de un mes señaló que no hay "fronteras terrestres" entre ambos países y se refirió a Melilla como un "presidio ocupado".
Marlaska, en el punto de mira
Desde ese pacto, la presión migratoria ha descendido. No obstante, el pasado 24 de junio hubo un intento de salto masivo a la valla de Melilla que dejó al menos 23 migrantes fallecidos, según cifras oficiales. Las ONG aumentan esa cifra hasta los 70. Todo ello ha puesto en la diana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contra el que Unidas Podemos y el Partido Popular amenazan con hacer pinza tras el documental de la BBC que contradice las versiones de España y Marruecos.
Los socios del PSOE han solicitado la creación de una comisión de investigación "sobre el respeto a los Derechos Humanos" en la ciudad autónoma y la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo no descarta en esta ocasión apoyar o, incluso, solicitar por su cuenta una comisión de investigación.
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